La batalla por los privilegios perdidos

Hernán Pruden (*)
Crítica, 16.09.2008

Dos semanas atrás, las imágenes de mujeres "de falda" golpeando a mujeres "de pollera" a las que acusaban de "raza maldita", sorprendieron por su saña en Santa Cruz de la Sierra. Una semana atrás, grupos vandálicos arremetieron contra distintas instituciones del Estado en la misma ciudad y patearon a conscriptos collas. Unos pocos días atrás, sicarios dispararon en el departamento de Pando contra campesinos indígenas simpatizantes del gobierno.
El racismo, que ya se había manifestado con crudeza en Sucre en mayo de este año, sigue sorprendiendo. Sorprende no por lo novedoso, sino por lo explícito. Lo que sí resulta novedoso en estos tiempos es la articulación del racismo con la violencia contra distintas instituciones del Estado.
Pero ¿cómo entendemos la violencia y las distintas expresiones de una fuerza grupal o corporativa? Desde sus inicios a la vida republicana, Bolivia tuvo una constitución "a la europea": en ninguna parte se aclaraba que la mayoría indígena no podría votar. Sin embargo, los requisitos para ejercer el sufragio eran ser hombre, boliviano, alfabeto, mayor de 21 años y ganar un salario (no originado en servidumbre). ¿Cómo podía relacionarse entonces un indígena comunario con el Estado que no le reconocía ciudadanía? Sólo a través de su grupo.
La historia política de Bolivia no es la historia de la exclusión: es la historia de la exclusión formal y de la consecuente generación de una serie de canales alternativos e informales por los cuales incidir sobre la política. En 1956, durante la Revolución Nacional, por primera vez el voto fue universal; la cultura política de movimientos sociales, sin embargo, continuó. Esta cultura explica que en la década de 1950 la reforma agraria estuviera encabezada por sindicatos campesinos, que a principios del siglo XXI se expulsara de Cochabamba a la empresa privatizadora del agua, que posteriormente se formulara una agenda de recuperación de soberanía sobre los hidrocarburos y que se pusiese fin al experimento neoliberal de dos décadas.
Cuando vemos las imágenes de los grupos de choque que en Santa Cruz atacan dependencias del Estado central y persiguen a los representantes de las fuerzas del orden, dejando en evidencia la debilidad del Estado, podríamos recordar el carácter positivo de una cultura política que a través de la presión y la violencia antiestatal consiguió uno de los regímenes más progresistas de Latinoamérica.
Podríamos incluso compararlo con la lucha por el gas, por el agua y por el fin del modelo neoliberal. Sin embargo, si miramos un poco más de cerca podemos percibir algunas diferencias: las batallas libradas en el pasado por el campesinado boliviano contra un Estado que diseñó políticas para excluirlos de la vida política fueron luchas de resistencia, por obtener derechos. Las luchas regionalistas, si bien intentan plantearse de un modo similar, contra un Estado central que según ellos los excluyó, son en realidad una batalla para no perder privilegios.
Una mirada rápida a quienes lideran las demandas regionalistas y a los intereses que representan nos muestra a un grupo de poder ligado tanto a la dictadura de Hugo Banzer en la década de 1970 como a los partidos políticos que se turnaron el poder desde el retorno a la democracia en 1982. Un grupo agroindustrial que creció, a partir de la década de 1950, como parte de una estrategia de desarrollo de la Revolución Nacional con apoyo técnico y financiero de Estados Unidos. Que gozó de los privilegios de un Estado que lo dotó de tierras a título gratuito, que subsidió su combustible y que protegió con tarifas su producción agrícola.
Detrás de la destrucción de las instituciones estatales que emprendieron estos grupos podemos ver una concepción atrimonial del Estado. Una elite que dice "el Estado es mío o de nadie más". Una elite que se dio cuenta que la lucha institucional-legalista no es el camino, ya que Evo ganó una ratificación de casi el 70% en el referéndum del 10 de agosto. Y así, cuando estas elites que no tienen el control del Estado no avizoran la posibilidad de recuperarlo en el corto plazo, como quedó en claro a partir del revocatorio, patean el tablero. Y lo patean con la rabia que sólo una elite puede tener al ser desplazada por un indio.

(*) Sociólogo e historiador, investigador en historia de Bolivia.